La Comisión Europea presentó el miércoles 26 de febrero un proyecto de revisión de textos fundamentales del Pacto Verde procedentes del anterior mandato. En teoría, para reforzar la competitividad reduciendo la burocracia. Las ONGs denuncian una desregulación bajo la presión de los lobbies y de las extremas derechas.

Ludovic Lamant / Jade Lindgaard

Confrontada a Donald Trump, la Comisión Europea ha dado al fin señales de vida. Lo ha hecho el miércoles 26 de febrero de una manera inesperada: saboteando cuatro de los textos del Pacto Verde que ella misma había defendido durante su mandato anterior (2019-2024).

Se supone que este proyecto, titulado “Omnibus”, va a reforzar la competitividad de las empresas en el continente, en un momento de incertidumbre en que los Estados Unidos ya no son el aliado natural de la Unión Europea (EU). “Las reglas y su complejidad limitan nuestra prosperidad”, ha afirmado en una conferencia de prensa en Bruselas el letón Valdis Dombrovskis, comisario europeo encargado a la vez de economía y de productividad, pero también de “simplificación”.

“La propuesta de directiva “Omnibus” de la Comisión Europea no tiene de “simplificación” más que el nombre -han respondido una decena de ONGs francesas, de Oxfam a los Amis de la Terre [Amigos de la Tierra]-. En realidad, se trata de una desregulación masiva y sin precedentes, que recuerda a la política de desreglamentación en curso en los Estados Unidos”. Sin sorpresa, Business Europe, la federación de la patronal europea en Bruselas, celebra por su parte “una etapa positiva, para facilitar el business en Europa”.

La situación es inédita: la Comisión propone revisar directivas que apenas acaban de ser adoptadas, y cuya transposición por los Estados miembros está todavía en curso. El primero de estos textos, en la mira de Ursula von der Leyen, adoptado en abril de 2024 por el Parlamento Europeo, instauró un deber de vigilancia que obliga a las empresas a prevenir las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales, en toda la cadena de producción.

El segundo texto se refiere al “informe de sostenibilidad”, que desde comienzos de 2024 obliga a las empresas a informar de sus impactos sociales y medioambientales. El ejecutivo propone también simplificar “la taxonomía verde de la UE”, una brújula para identificar las actividades consideradas sostenibles, para orientar mejor hacia ellas las inversiones privadas -instrumento por lo demás muy desacreditado desde que, en 2022, incluyó la energía nuclear y el gas fósil, bajo la presión sobre todo de París.

Finalmente, el mecanismo de ajuste de carbono en las fronteras -el otro nombre de la “tasa carbono en las fronteras”- que debería proteger a las economías de la UE de sus esfuerzos en materia de ecologización, y debía entrar en vigor a partir del próximo año, también queda afectado por este primer conjunto de medidas.

Presiones alemanas y francesas

En Bruselas, esta dinámica no es ninguna sorpresa. Los Jefes de Estado y de gobierno habían exhortado en noviembre de 2024 a la nueva Comisión a “lanzar una revolución en materia de simplificación”, en una “declaración de Budapest”, mientras la Hungría de Orban presidía la UE. Proponían en particular “reducir al menos el 25% las obligaciones de declaración [por parte de las empresas], antes del primer semestre de 2025”.

El canciller alemán saliente, Olaf Scholz, había dirigido un correo en ese mismo sentido al ejecutivo bruselense el 2 de enero, y la victoria del conservador Friedrich Merz la pasada semana debería consolidar aún más la posición de Berlín en este asunto. Durante la campaña electoral alemana, los llamamientos de la industria a “reducir la burocracia” fueron legión.

En París, Emmanuel Macron también había hecho de la “simplificación” la prioridad del “despertar europeo” frente a Trump, en su discurso ante la conferencia de embajadores el 6 de enero. Y los principales portavoces de Francia en Bruselas, del comisario europeo Stéphane Séjourné al ministro delegado en Europa Benjamin Haddad, martillean desde hace semanas el mismo mensaje.

Sin llamar la atención, el retorno de la energía nuclear

“Neutralidad tecnológica”: esta expresión aparece en varias ocasiones en el “Pacto por una industria limpia”, otro texto presentado el miércoles por la Comisión. A primera vista, parece un término anodino. Pero en el tema sensible de la energía nuclear, las palabras suelen decir mucho más de lo que parecen.

En el contexto europeo, esta formulación significa que cada Estado debe seguir decidiendo sus fuentes de energía, siempre que permitan reducir sus emisiones de CO2 -el objetivo es reducir en un 90% los gases de efecto invernadero antes de 2040. Mientras que Europa se ha marcado objetivos en energías renovables (eólica marina y terrestre, solar, biomasa, etc.) el principio de neutralidad tecnológica garantiza, como si nada, el lugar de la energía nuclear en las reglamentaciones de la UE, y potencialmente su acceso a la financiación.

Francia tiene mucho que ver con esta formulación, que intenta encajar tanto como sea posible. Su Ministerio de Industria no lo esconde: “Francia defiende una posición de neutralidad tecnológica para alcanzar los objetivos de descarbonización, con el fin de que cada Estado miembro pueda escoger la combinación energética que corresponda a su visión política”, responde el entorno de Marc Ferracci a Mediapart. “Francia, por ejemplo, ha optado por combinar la energía nuclear con las energías renovables (electricidad y biocarburantes) para alcanzar sus objetivos de descarbonización. El primer objetivo a escala europea debe ser la descarbonización, no la promoción de una tecnología entre otras para alcanzar esta descarbonización”. Para la ONG Greenpeace, “la Comisión ha cedido ante el lobby nuclear y contempla financiar a este sector superado y caro”.

Por parte de la Comisión, ya se han implantado los elementos de lenguaje: sí a la simplificación, no a la desregulación. Sobre el papel, los objetivos del Pacto Verde -comenzando por la neutralidad carbono en 2050- siguen siendo los mismos, sin cambios. “La simplificación puesta en marcha es muy diferente a la que hacen los Estados Unidos: nosotros no vamos con la motosierra”, minimizó la socialdemócrata Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión, el pasado domingo a El País.

Pero si se mira con detalle las propuestas del miércoles, es difícil no ver en ellas una manera de reducir considerablemente el alcance de estos textos -que ya de por sí eran el resultado de ásperos compromisos, al cabo de negociaciones que duraron años.

En lo que se refiere a la directiva sobre el “informe de sostenibilidad”, el ejecutivo europeo propone ahora endurecer el umbral de su aplicación, con el fin de sacar del perímetro de la directiva al menos al 80% de las empresas que al día de hoy estarían obligadas a publicar información sobre su “sostenibilidad”.

En cuanto al deber de vigilancia, la amenaza recae en su principio mismo: las multinacionales ya no tendrían que asegurarse de que subcontratistas indirectos respeten este famoso “deber de vigilancia en lo que se refiere a los derechos sociales o medioambientales.”

“Roll back”

Como explica la eurodiputada de La France Insoumise (LFI) Manon Aubry, que fue una de las encargadas de las negociaciones sobre el texto en el Parlamento europeo estos últimos años: “Mientras los beneficios escalen por la cadena de valor hasta las multinacionales, éstas podrán seguir escondiéndose tras sus subcontratistas para escapar a su responsabilidad por la explotación criminal de los trabajadores y de la naturaleza”.

El texto propone también rechazar el calendario de entrada en vigor de la directiva y aligerar el régimen de sanciones previstas.Y también suprimir la cláusula de revisión, que debería operar dos años después de la entrada en vigor del texto, durante el cual se debía discutir la inclusión de los bancos en el ámbito del texto. Es una victoria de la diplomacia francesa, que se esfuerza desde hace años por excluir -y proteger- a su sector bancario. París había defendido este punto preciso en sus reuniones bruselenses en enero, como desveló Mediapart.

“No sólo se ha pasado la página del Pacto Verde, sino que la ecología se ha convertido en el enemigo público número uno”, denuncia la eurodiputada ecologista Marie Toussaint: “Hoy día se señala a la ecología como un obstáculo al poder y a la competitividad. Es un alineamiento con la visión trumpista sin decirlo”.

En esta situación, la impresión de un «roll back» -una vuelta atrás sobre el Pacto Verde- es tanto más clara cuando en este mismo momento la derecha y la extrema derecha se han asociado en el Parlamento europeo para cuestionar las subvenciones públicas pagadas a las ONG de defensa del medio ambiente. Con lo cual debilitan un poco más a los portavoces del Pacto Verde.

No es el único texto problemático que defiende la Comisión. Su “Pacto para una industria limpia” está enteramente organizado en torno a la idea de competitividad: hace falta que las industrias energívoras (acero, cemento, etc.) y las clean tech (“tecnologías limpias”) se puedan beneficiar de una electricidad lo más barata posible, sobre todo bajando los impuestos sobre la electricidad. Otra opción habría podido ser sin embargo la revisión de arriba abajo del mercado europeo de la electricidad, primera causa de la explosión de los precios en el continente.

No se plantea ningún límite a la cantidad de energía consumida por las industrias, ningún endurecimiento de los controles sobre la compensación carbono, que permiten a los actores económicos subestimar sus emisiones reales de CO2. Resultado: la Comisión se contenta con medidas -incitar la venta directa de energía entre productores e industrias- y técnicas -mejorar las interconexiones de la red eléctrica.

Mayoría de las derechas y las extremas derechas

El texto propone también una simplificación administrativa, como el proyecto de reducir en lo posible a unos meses la instrucción de los expedientes de instalación de renovables, pero no aborda lo que constituye el centro del problema, desde un punto de vista ecológico: cómo conciliar la creación de valor con el respeto a los límites planetarios (recursos de agua, biodiversidad, contaminación, clima, etc.). Lo esencial es, como resume muy claramente Stéphane Séjourné, comisario de prosperidad y estrategia industrial: “Europa es un continente donde hacer buenos negocios”. Se esperan otros planes para los próximos meses: sobre el sector del automóvil, el acero y la química.

Estos textos van a ser debatidos en el Parlamento europeo. Está por ver si la mayoría que eligió a Ursula von der Leyen en julio de 2025 -además de los conservadores y liberales, una parte de los socialdemócratas y de los ecologistas- validará este impulso simplificador. A comienzos de año, el eurodiputado macronista Pascal Canfin, influyente dentro del grupo liberal, marcó sus distancias con cualquier revisión sobre el reporting sostenible.

Pero aunque es cierto que faltarán algunos diputados socialdemócratas o ecologistas, el texto debería beneficiarse de una amplia mayoría de las derechas y las extremas derechas en Estrasburgo. La “simplificación” es un leitmotiv del grupo de los Conservadores y reformistas europeos (ECR), del que forma parte Fratelli de Italia, de Giorgia Meloni.

En cuanto a Jordan Bardella (Rassemblement national), a la cabeza del grupo de los Patriotas en el Parlamento, en enero propuso una alianza con los conservadores del PPE -Partido Popular europeo, partido de derecha mayoritario en Bruselas, al que pertenece Ursula von der Leyen- para “suspender [el Pacto Verde]”.

Como todo un símbolo, revelado por Politico, Ursula von der Leyen se desplazó el miércoles a Anvers, la ciudad del nuevo primer ministro belga Bart de Wever, que es también un aliado de Meloni en el seno de ECR. En este comienzo de año, la alianza de las derechas y extremas derechas parece más sólida que nunca.