¿Qué tal si reclamamos un banco público de tierras? ¿Y si ofrecemos asesoramiento y acompañamiento a las producciones agrarias que quieren ser sostenibles? ¿Podríamos revisar las ayudas de la PAC para que no las acaparen los gigantes del agribusiness? ¿Agricultura en crisis? Alternativas, propuestas y soluciones para las personas y el planeta es lo que te contamos aquí.

* Helena Moreno es responsable de agricultura y sistemas alimentarios sostenibles de Greenpeace.

Cuidar y apoyar a las personas agricultoras y ganaderas de pequeña escala, que representan la mayoría en nuestro país, es esencial para mantener nuestras zonas rurales y garantizar una alimentación saludable basada en la justicia social y ambiental.

Aparte de la elección diaria que hacemos cuando consumimos, necesitamos políticas públicas que apoyen y ayuden a estas personas a producir de una manera más sana y saludable, sin que eso les suponga un mayor esfuerzo en su ya complicada situación.

«La ley de agricultura familiar podría ser la palanca de cambio para que estas agricultoras y ganaderas tengan un trabajo digno, un buen vivir, y sean apoyadas y acompañadas para producir alimentos más sanos y sostenibles»

Por ello, desde Greenpeace hemos estado dando seguimiento a las promesas, incumplidas de momento, del actual gobierno en relación a la ley de agricultura familiar. Esta ley podría ser la palanca de cambio para que estas agricultoras y ganaderas, tengan un trabajo digno, un buen vivir, y sean apoyadas y acompañadas para producir alimentos más sanos y sostenibles.

A continuación os contamos alternativas, propuestas y soluciones para las personas y el planeta para que esta ley ayude más y mejor al sector agrario social y familiar.

Falta de acceso a las tierras

La tendencia en la agricultura española es a la concentración de tierras y poder. Este proceso de concentración está vinculado a la desaparición de pequeñas explotaciones familiares y sociales y a la falta de acceso a la tierra para las nuevas generaciones que quieren dedicarse a la agricultura y la ganadería. Mientras que los pequeños agricultores y agricultoras quieren mantener sus proyectos, las grandes empresas del agribusiness siguen ampliando sus terrenos, expulsando a las familias productoras, y afectando negativamente tanto al paisaje como a la biodiversidad.

«Las grandes empresas del agribusiness siguen ampliando sus terrenos, expulsando a las familias productoras, y afectando negativamente tanto al paisaje como a la biodiversidad»

Creación de un banco público de tierras

Las personas productoras tienen muchos problemas para empezar la actividad agrícola. Uno de los más serios son los altos costes de las tierras, la falta de un marco normativo adecuado para fomentar su acceso y la poca transparencia en el mercado de tierras. Por todo ello, desde Greenpeace proponemos la creación de un banco público de tierras agrarias para que las tierras puedan ser puestas a disposición de los agricultores y agricultoras que las necesiten, evitando la especulación y regulando el mercado de tierras. Esta medida prioriza que las tierras vayan a manos de personas y no megaempresas, con un límite de superficie para evitar la concentración de tierras en manos de grandes empresas o poderes financieros, como los fondos de inversión.

El extensionista agroecológico: el asesor que debe volver a los campos
Pero no basta con acceder a la tierra; también es fundamental que quienes la trabajen lo hagan de forma digna y sostenible. Aquí entra en juego nuestra propuesta del extensionista agroecológico. Este técnico agrario podría tener un papel crucial en la transición hacia una agricultura más respetuosa con el medio ambiente. Los extensionistas agroecológicos serían los encargados de ofrecer formación y apoyo a los agricultores, ayudándoles a adoptar prácticas agrarias que promuevan la biodiversidad, la fertilidad del suelo y la eficiencia en el uso de los recursos. Esta figura existía hace años y es fundamental que vuelva a estar presente en el campo para garantizar una transición justa y un futuro más sostenible.

En España, muchas de las pequeñas explotaciones carecen de la formación técnica necesaria para cambiar su modelo productivo hacia la agroecología, a pesar de que ya existen ejemplos de éxito. Por ello, la presencia de extensionistas agroecológicos, que sean capaces de adaptar las soluciones agroecológicas a la realidad de cada región, es clave para que estos pequeños productores puedan adaptarse y mitigar la crisis climática y de biodiversidad sin ser expulsados en un mercado donde la agricultura intensiva e industrial sigue siendo la norma.

«Un banco público de tierras agrarias prioriza que las tierras vayan a manos de personas y no a megaempresas, con un límite de superficie para evitar la concentración de tierras en manos de grandes empresas o poderes financieros, como los fondos de inversión»

Además, los extensionistas agroecológicos podrían ayudar a los agricultores a acceder a los mercados locales, a través de cooperativas o iniciativas de venta directa, favoreciendo el consumo responsable y la soberanía alimentaria.

Del campo a la mesa

De igual manera, hay que fomentar la venta directa de los productos de los agricultores familiares y sociales, impulsando los mercados locales y eliminando los intermediarios, lo que beneficiará a productores, y también a los consumidores. La agricultura producida por personas que habitan en la zona es clave para la sostenibilidad de los territorios, y la venta directa puede garantizar que los beneficios de la agricultura lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Además, es importante el fomento de compras públicas, es decir, que las administraciones compren los productos a los agricultores familiares y sociales para la alimentación en colegios, hospitales y otros comedores de espacios públicos. De tal forma que el gobierno pueda garantizar una demanda constante de productos locales, de temporada y ecológicos provenientes de la agricultura familiar y social. La compra pública es un mecanismo poderoso para crear un mercado estable y sostenible para los productos provenientes de la agricultura familiar y social, de cercanía, de temporada y ecológicos, favoreciendo tanto a los productores como al medio ambiente.

«Hay que fomentar la venta directa de los productos de los agricultores familiares y sociales, impulsando los mercados locales y eliminando los intermediarios, lo que beneficiará a productores, y también a los consumidores»

La PAC: una política marca el rumbo de los agricultores

Un aspecto central en la transición hacia un modelo más sostenible social y medioambientalmente, es la Política Agrícola Común (PAC). Esta PAC es una política europea, de la que dependen los agricultores para sobrevivir, pero que premia la intensificación y a aquellos que tengan mayor superficie de tierras. Aunque esta política europea tiene como objetivo apoyar a la renta de los agricultores, en la práctica muchas de las ayudas han terminado beneficiando a las grandes corporaciones y terratenientes, en lugar de a los pequeños productores.

Por ello, Greenpeace reclama una reforma en la Política Agrícola Común (PAC), que incluya la eliminación progresiva de los pagos por hectárea, es decir, que por tener más tierras, no ganes más. Que apoye a los agricultores en situación precaria y a aquellos que adopten prácticas que protejan y restauren la naturaleza.

«Greenpeace reclama una reforma en la Política Agrícola Común (PAC), que incluya la eliminación progresiva de los pagos por hectárea, es decir, que por tener más tierras, no ganes más. Que apoye a los agricultores en situación precaria y a aquellos que adopten prácticas que protejan y restauren la naturaleza»

Por último, sin dinero para una transición, no se podrá realizar de manera justa. Por lo que reclamamos un Fondo de Transición Justa que fomente la transición de modelo agrario a uno más sostenible y justo.