La administración española nos dice que, de promedio, gastamos en alimentación casi 1.600 euros al año por persona. En cambio, Naciones Unidas sostiene que en España esta cifra asciende a casi 3.800 euros. ¿A qué se debe este desfase? A nivel mundial, esta diferencia supone cada día unos 35.000 millones de dólares, pero ¿por qué nadie va a la cárcel por este descomunal desfalco?

Las cifras las acaba de publicar la FAO, el organismo de Naciones Unidas encargado de los temas alimentarios, en el informe El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2023. Revelar el verdadero costo de los alimentos para transformar los sistemas agroalimentarios. Como dice el subtítulo, en él se aborda un aspecto clave para quienes cuestionamos el modelo alimentario globalizado: el coste real de los alimentos. Porque, si bien al salir de un comercio conocemos el coste monetario de nuestra compra –lo que marca el ticket– a éste habría que añadirle otros gastos que, aunque no nos lo parezca, también acabamos pagando y que podemos agrupar en sanitarios, ambientales y sociales.

En este detalladísimo estudio, los costes ocultos sanitarios se cuantifican a partir de las pérdidas de productividad laboral que provocan enfermedades derivadas de malos hábitos alimentarios, como la obesidad, y que a nivel mundial representan el 73% de toda esta contabilidad enmascarada. En el caso de España, para el año 2022, significa una cantidad aproximada de casi 80.000 millones de euros, que representaría nada menos que el 6% del PIB nacional. Este porcentaje aumentaría aún más si se contabilizaran los costes directos de los tratamientos de estas patologías que se asumen desde la sanidad pública.

Los costes ambientales que pagamos entre todas, pero que no aparecen en las facturas, representan según este estudio algo más del 23% del total, y se calculan en función de las pérdidas agrícolas y de servicios ecosistémicos causadas por las emisiones de gases de efecto invernadero y nitrógeno, la escasez de agua y los cambios en el uso del suelo, y en función de las pérdidas de productividad provocadas por la contaminación del aire, la contaminación del agua y su escasez. En el caso español, la suma de este capítulo representaría un total aproximado de 23.800 millones de euros.

Los costes sociales, el 14% del PIB

Por último, los costes sociales se calculan a partir de las pérdidas de productividad asociadas con la desnutrición y el coste social de eliminar la pobreza a lo largo de la cadena de valor alimentaria. Estos costes, lógicamente, son más altos en países de rentas bajas, donde llegan a alcanzar el 14% de su PIB. En nuestro país, su valor proporcional es mucho más bajo, pero aún así, crematísticamente representaría 62 millones de euros en un año.

Decíamos al principio que, según el Ministerio de Agricultura, en promedio en España gastamos 1.597 euros por persona al año en la compra de alimentos. Si tenemos en cuenta la Contabilidad de Costes Reales de la alimentación (CCR), como le llama la FAO, deberíamos añadirle un total de 2.183,41 euros más, es decir, el gasto anual per cápita en realidad sería de 3.780 euros. Esto equivaldría a interiorizar que por cada tres euros que pagamos al salir del mercadona de turno, tenemos que añadir cuatro euros más de costes invisibles.

Los responsables de estos costes siguen en libertad

Seguramente sin pretenderlo, el informe de la FAO lleva directamente a señalar a quienes se debería imputar estos costes, este desfalco astronómico, pero dado que hablamos de las poderosas corporaciones de la agricultura y la alimentación industrial, es fácil deducir por qué ni se les nombra, ni se les acusa, ni se les juzga. Y siguen en libertad.

Y claro, en los lineales de los supermercados convencionales no encontraremos propaganda que diga: pague tres pero le cuesta siete. Sus estrategias de marketing no pasan por decir la verdad. En cambio hay otras agriculturas y otras alimentaciones que no solo no engañan en el precio, sino que al estar basadas en cuidar la tierra y multiplicar la biodiversidad, producen beneficios incalculables, ya que no hay cifras capaces de expresar el valor que tiene proteger la vida en el planeta.