El Gobierno Vasco ha aprobado el decreto que desarrolla la Ley de Cadena Alimentaria, aprobada por el Congreso en diciembre de 2021. Por su parte, EHNE Bizkaia ha exigido, entre otras demandas, que las inspecciones que realice la Autoridad de Ejecución "se hagan de oficio, sin necesidad de denuncia alguna".
El decreto estipula que será el Ejecutivo vasco quien controlará todos los contratos de la cadena alimentaria entre productores y distribuidores y aplicará las sanciones que lo incumplan. Contempla, además, la creación de dos nuevos órganos: la Comisión de Seguimiento del Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria, y el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi.
Tras constatar que en la Comunidad Autónoma de Euskadi "el sector primario se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, dependiendo en gran medida de las coyunturas económicas y los ajustes en la cadena de suministro", el Gobierno de Lakua asegura que el decreto "tiene como objetivo establecer un reequilibrio de la cadena alimentaria, introduciendo medidas adicionales que mitiguen las dificultades en que se sitúa una buena parte del sector primario, y a asegurar, en la medida de lo posible, la transparencia de las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria en general".
El decreto contempla, en cuanto al sistema de controles y supervisión de la cadena alimentaria, la designación de una Autoridad de Ejecución, y establece los mecanismos de inspección, control y sanción que afectarán a toda la cadena alimentaria en Euskadi, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor final.
Asimismo, contempla la creación de dos nuevos órganos: