Andoni Garcia Arriola, miembro de EHNE Bizkaia y de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), explica en esta entrevista cómo afectaría el tratado UE-Mercosur a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias.

Tras dos décadas y media de negociación, von der Leyen ha firmado un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. El tratado, pendiente aún de ser ratificado por los países miembros de la UE, crearía una zona de libre comercio que afectaría a más 700 millones de personas.

La Comisión Europea busca favorecer la exportación de maquinaria, productos farmacéuticos y automóviles mientras que los países americanos apuntan al mercado agrario europeo con mercancías como carne de res o soja. Es por ello que el acuerdo, calificado por von der Leyen de “hito verdaderamente histórico”, ha sido tachado de “verdadera amenaza” por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en un comunicado conjunto para la movilización del 16 de diciembre.

Andoni García, miembro de EHNE Bizkaia y de COAG, ha respondido las preguntas de Diario Red para ayudar a esclarecer qué significa el tratado de libre comercio UE-Mercosur para las pequeñas y medianas explotaciones agrarias.

COAG lleva años denunciando este tipo de tratados por sus efectos dañinos para el sector primario. El nuevo tratado con Mercosur, ¿supone una amenaza novedosa para el sector agrario respecto a otros anteriores?

La dimensión de Mercosur en cuanto a producción agrícola y, sobre todo, ganadera es muy, muy importante. De ahí que nos preocupe que este tratado pueda tener un alcance tan fuerte, pero para COAG éste forma parte de la suma de tratados de libre comercio. Tanto el acuerdo con Marruecos, con Nueva Zelanda, con Canadá… forman parte de la política comercial europea, que realmente es una política neoliberal que busca hacer de la agricultura y la alimentación una parte del negocio a costa de la pérdida continua de agricultores y ganaderos. Tanto por parte de COAG como de Vía Campesina, además del rechazo a este acuerdo, se rechazan los acuerdos de libre comercio, y también la propia OMC, en el sentido de que la agricultura esté dentro de ella. No puede ser que la alimentación sea un elemento de los negocios y la especulación de los mercados. Es un derecho, y quien lo garantiza, de manera muy clara, son los pequeños y medianos agricultores.

Hablando de pequeñas explotaciones, su organización ha denunciado en el pasado que estos acuerdos abren la puerta a la competencia desleal. ¿Puede hablarnos más sobre cómo afecta a este tipo de productores?

Los acuerdos de libre comercio están en general sometidos a la normativa del comercio internacional y la OMC y el comercio internacional se han basado en unas normas mucho menos exigentes que las normativas europeas. De ahí que, cuando vemos la agricultura incluida dentro de la OMC y de los tratados de libre comercio, pues realmente hay un dumping, una competencia desleal clara. Al mismo tiempo también la propia Unión Europea exporta tirando los precios internacionales, por ejemplo, cuando vende leche a África y acaba afectando a las pequeñas explotaciones incipientes locales.

Por lo tanto, hay una doble visión: la del impacto de aquellos productos que nos entran y la del impacto de aquello que exporta la Unión Europea por debajo de los costes de producción europeos y de otras partes del mundo. Y estos impactos forman parte del agronegocio, que utiliza los productos del mercado internacional para introducirlos en momentos específicos y provocar la bajada de precio a los agricultores, no necesariamente al consumidor. Ese hundimiento del precio hace que pequeños y medianos productores no puedan soportar las importaciones.

Entonces, ¿el acuerdo no sólo afecta a las pequeñas explotaciones en Europa?, ¿también a las de los demás países firmantes?

Sí, los agricultores de Mercosur en torno a Vía Campesina en América Latina también están en contra de este tratado, es claro que les afecta. Aquí ellos también se sienten perjudicados porque el modelo que se impulsa en estos países es un modelo agroexportador basado en la agricultura industrial y no se protege la producción local. Es lo mismo que pasa en Europa, pero, además, para ellos también hay otros elementos como el tema de las semillas.

Al final, esa agroexportación se utiliza para conseguir reducir los precios a los agricultores en ambas partes del Atlántico y luego alguien acaba sacando un diferencial en el precio vendido al consumidor. Ahí está el negocio.

De modo que este tipo de acuerdos contribuyen a desmantelar las pequeñas y medianas explotaciones y que el terreno quede en manos de grandes operadores, ¿no?

Claro, sí tienen un impacto muy claro en promover modelos más industriales de agricultura. Desde COAG se les denomina modelos de uberización del campo. ¿Qué pasa? Que estos sistemas basados en la agroexportación generalmente son modelos muy industriales que manejan grandes cantidades de producción a un precio más bajo. Esa economía de escala no es alcanzable para un agricultor pequeño o mediano y así acaba habiendo grandes fondos de inversión o grandes empresas acaparando tierra, producción e incluso zonas de regadío.

Esto es lo que está pasando, y de manera muy rápida, en el Estado español. Pero también Europa va caminando hacia ese modelo. Durante años se ha ido desmantelando la política agraria comunitaria y directamente se ha perdido la soberanía alimentaria como capacidad de regular los mercados.

Estas preocupaciones no son nuevas, la última gran tractorada, en febrero, culminó con una reunión con el ministro Planas, de Agricultura, y con promesas “insuficientes”. Según su comunicado, “Las reivindicaciones de aquellas protestas siguen aún vigentes”. ¿Por qué?

Uno de los ejes principales de esas movilizaciones eran los Tratados de Libre Comercio. Esto, en este tema, no se ha hecho nada. El Ministerio de Agricultura y el Gobierno Español se destacan por defender los Tratados de Libre Comercio. En este campo no ha hecho nada, pero tampoco en algo que tenía que haber sido la creación de un observatorio sobre las importaciones, ni sobre el tema de precios mínimos de entrada, por ejemplo, o cantidades que se importan. Tampoco ha puesto ningún elemento limitador al crecimiento (de la uberización del campo). Si alguien acapara producción, tierra y agua, ¿qué pasa con la incorporación de jóvenes?

Sin embargo, el Ministerio terminó ofreciendo medidas diferentes e “insuficientes” que COAG y ASAJA se negaron a firmar. ¿No se podía haber seguido negociando?

La gravedad está en que el Ministerio, sabiendo que podía seguir trabajando con las organizaciones agrarias, decidió, a partir de ese momento, sacar de las mesas a COAG y a ASAJA como un castigo.

COAG y ASAJA han convocado una nueva protesta el 16 de diciembre. ¿Cuál es su estrategia?, ¿Se planea otra movilización como la de principios de año?

Tenemos por delante unos meses para conseguir que tanto en el Parlamento Europeo, como también el Gobierno Español y los partidos políticos puedan decir que no a que se firme ese tratado. Nosotros, por supuesto, vamos a trabajar para que se rechace.

Las reivindicaciones de principios de este año tenían tres focos, el nivel europeo, el Gobierno español y también las comunidades autónomas. En este momento más bien se pone el foco sobre el Ministerio de Agricultura. A nivel europeo en distintos países, como estamos viendo en Francia, hay una respuesta desde el sector agrario muy clara y puede haber otros que se vayan sumando en esta posición. Ahora, qué se va a hacer después del día 16 yo no lo podría adelantar, porque no está decidido aún, a sabiendas de que no se descarta en ningún caso que el año que viene volvamos a estar en movilizaciones conjuntas, sí.