Eduardo Montero
- Responsable de Alimentación de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU),
miembro de la Coalición Por Otra PAC -

Desde hace semanas, se habla mucho sobre alimentos, pero poco sobre alimentación, es decir, todo lo que hay que hacer llevar comida a la boca. Y no vale todo. El modelo que ofrece la agroindustria solo favorece a las grandes corporaciones, que hacen negocio a costa de precarizar las condiciones de vida de las productoras. Mientras llenan nuestras neveras con viandas cada vez más procesadas y con más químicos. Las personas consumidoras no podemos caer en el chantaje de que nos pongan de excusa para defender este sistema.

Hoy, 15 de marzo, es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU queremos dar voz a esa más de la mitad de la población española preocupada por si los alimentos que consume pueden arriesgarse a su salud, según el último Eurobarómetro sobre seguridad alimentaria. Debemos exigir políticas que favorezcan la producción y el consumo de productos sanos y sostenibles a precios justos. Por eso defendemos, una vez más, transitar hacia la agroecología como modelo de producción sostenible (económica, social y ambientalmente) que garantice el acceso a una alimentación adecuada. Y que garantice este derecho para todas las personas, sin dejar a nadie atrás.

«El modelo que ofrece la agroindustria solo favorece a las grandes corporaciones, que hacen negocio a costa de precarizar las condiciones de vida de las productoras. Mientras llenan nuestras neveras con viandas cada vez más procesadas y con más químicos»

El año pasado ya vimos como el precio de la cesta de la compra subió de forma insostenible. Esto provocó que muchas familias tuvieran que cambiar sus hábitos de consumo, eligiendo productos más económicos que llevarse a la mesa. Las personas consumidoras queremos tener una alimentación sana, suficiente y variada. Pero nos lo ponen extremadamente difícil: los precios, la publicidad o la simple disponibilidad de unas opciones de alimentos cuando vamos a hacer la compra condicionan nuestra dieta. Ya lo mostramos en el primer informe sobre ‘Lavado verde de los supermercados españoles: barrera para una alimentación sana y sostenible’.

Mientras tanto, las productoras de nuestro entorno también observan cómo, año tras año, la sostenibilidad económica de sus producciones está cada vez más en riesgo. Las políticas europeas y nacionales que deberían servir para apoyarlas y garantizar el trabajo fundamental que realizan, terminan convirtiéndose en un aumento de la burocracia y de las cargas que conlleva su actividad. Desafortunadamente, estas políticas mal aplicadas generan hastío y abren la puerta a posicionamientos reaccionarios en contra de la regulación del mercado y de las políticas de bien público.

«Sectores de la industria alimentaria, económicos, agrarios y políticos están aprovechando la oportunidad para volver a atacar cualquier transición ecológica y de justicia social. Y, así, avances tan importantes como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la Granja a la Mesa o la propuesta de Sistemas Alimentarios Sostenibles se están consiguiendo poner en cuestión, frenar y, en algunos casos, incluso hacer retroceder. No nos lo podemos permitir»

Como consecuencia, algunos sectores de la industria alimentaria, económicos, agrarios y políticos están aprovechando la oportunidad para volver a atacar cualquier transición ecológica y de justicia social. Y, así, avances tan importantes como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la granja a la mesa o la propuesta de Sistemas Alimentarios Sostenibles se están consiguiendo poner en cuestión, frenar y, en algunos casos, incluso hacer retroceder. No nos lo podemos permitir.

¿Cómo hacemos que el sistema funcione de una forma justa y sostenible a futuro? Las normativas europeas y nacionales, como la Política Agraria Común (PAC), deben servir para avanzar hacia la soberanía alimentaria y garantizar unas condiciones de trabajo y de vida dignas para las productoras y las trabajadoras del campo y de la cadena alimentaria. Ese es el objetivo de la Coalición Por Otra PAC, a la que pertenecemos junto con medio centenar de entidades de diversos ámbitos como la ganadería extensiva, la producción ecológica, la defensa ambiental, el desarrollo rural, el bienestar animal, la nutrición y el consumo.

Es inadmisible que las estanterías de los supermercados estén llenas de productos traídos del otro extremo del mundo o que no garantizan un pago digno a las trabajadoras agrarias. Ponen la responsabilidad en que las personas consumidoras debemos tomar decisiones de compra sostenible, mientras que la gran industria y las grandes comercializadoras no asumen su responsabilidad.

«La alimentación tiene que dejar de ser un bien de mercado, la alimentación tiene que ser protegida como un derecho básico»

No puede ser, tal y como indica la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos COAG en su Índice de Precios Origen-Destino (IPOD), que la diferencia entre lo que se paga a las productoras y el precio final para las personas consumidoras se multiplique por casi cinco veces en la fruta y verdura, y por tres en la carne. Es la industria, los supermercados y las grandes corporaciones empresariales que viven de la alimentación, quienes deben tomar su responsabilidad de ofrecer productos de calidad, producidos de forma sostenible y comprados a productores locales a precios dignos. Y es el Gobierno y la Unión Europea quienes deben regular para proteger los intereses comunes. La alimentación tiene que dejar de ser un bien de mercado, la alimentación tiene que ser protegida como un derecho básico.

Como consumidoras, debemos defender las políticas clave para la supervivencia del campo y la protección de la vida en el mundo rural, fundamentales para que cualquier persona pueda acceder a una alimentación sana, suficiente y sostenible. La realidad nos confirma que la visión a corto plazo es nefasta para el futuro de la agricultura y del mundo rural, así como para la protección de los derechos de las personas consumidoras. La transición hacia modelos alimentarios sostenibles es el único camino.

Necesitamos que la ley de la cadena alimentaria se fortalezca y se cumpla, para que los alimentos tengan precios justos para las productoras y las consumidoras. Necesitamos más transparencia en el funcionamiento de la cadena alimentaria. Necesitamos que la Agencia de Información y Control Alimentario disponga de recursos suficientes para realizar más inspecciones y evitar malas prácticas por las empresas intermediarias que encarezcan los alimentos más básicos.

«Necesitamos que la ley de la cadena alimentaria se fortalezca y se cumpla, para que los alimentos tengan precios justos para las productoras y las consumidoras. Necesitamos que se paralicen y replanteen los acuerdos de libre comercio. Y necesitamos que otros gastos, como la vivienda, sean regulados para poder disponer de más margen económico para una alimentación de calidad»

Necesitamos que se paralicen y replanteen los acuerdos de libre comercio, como Mercosur, para evitar la competencia desleal con alimentos traídos desde miles de kilómetros a precios muy inferiores porque no tienen que cumplir las mismas normas sanitarias y de derechos laborales. Necesitamos que la PAC sea un instrumento útil para transitar a un sistema alimentario basado en la agroecología. Y también necesitamos que otros gastos, como la vivienda, que cada vez condicionan más la economía de las familias, sean regulados para poder disponer de más margen económico para una alimentación de calidad.

No olvidemos: las personas consumidoras queremos tener dietas sanas y sostenibles, adquirir alimentos que garanticen condiciones dignas a quienes los producen y que protejan el territorio. La alimentación sana y sostenible debe dejar de ser un producto de lujo. Las personas consumidoras reclamamos que las opciones de alimentos sanos y sostenibles sean, siempre, la opción más sencilla a elegir. Que nadie pueda verse privado de una alimentación adecuada.